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En esta 14.ª edición, se ofrece nuevamente un conjunto normativo totalmente actualizado, objetivo perseguido desde la primera edición. Durante el período 20 Seguir leyendo
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En esta 14.ª edición, se ofrece nuevamente un conjunto normativo totalmente actualizado, objetivo perseguido desde la primera edición. Durante el período 2020-2021 no han faltado novedades normativas que se han incorporado a este volumen. Han afectado fundamentalmente al Estatuto de los Trabajadores: modificaciones en materia de contratos formativos, introduciéndose el contrato para la formación dual universitaria, con la finalidad de favorecer una estrecha relación entre los estudios universitarios y la cualificación profesional a través de una experiencia práctica. También se sustituido el artículo 13 por una nueva redacción mucho más limitada del trabajo a distancia. Esta regulación ha supuesto también alguna modificación en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así como en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en ambos casos con el objetivo de establecer adaptaciones de dichos textos legales a la nueva regulación. Por otra parte se ha modificado el artículo 33.2 en relación al ámbito de protección del Fondo de Garantía Salarial, para incluir en el mismo las indemnizaciones generadas en base a los arts. 40.1 y 41.3 ET. Dentro de este artículo 33 también se ha incorporado un nuevo apartado 11º que incide sobre el silencio administrativo como mecanismo de resolución de los expedientes de solicitud de prestaciones. También se incorpora el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Se trata de una norma que hace frente a la realidad, cada vez más importante del teletrabajo, regulado escasamente por el art. 13 del Estatuto de los Trabajadores y que, en buena medida, es consecuencia de la expansión de esta modalidad de trabajo como consecuencia de la pandemia. Este Real Decreto-Ley ha supuesto, además, la incorporación de ciertas modificaciones a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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